Esta es la propuesta plurinacional de Podemos y las confluencias más allá del referéndum
El documento presentado este lunes por Podemos, En Comú Podem y En Marea como base de la negociación para un gobierno de coalición con el PSOE detalla como nunca antes la propuesta plurinacional del grupo parlamentario. Durante la campaña electoral tanto Podemos como En Comú hicieron bandera del referéndum pactado en Catalunya, una medida que ahora se mantiene como “imprescindible” pero que no agota la nueva articulación territorial que Podemos y las confluencias proponen en el detallado plan.
En su propuesta programática la “plurinacionalidad”, palabra utilizada como talismán por las confluencias para referirse a un nuevo modelo de Estado sin detallarlo, comienza a dibujarse con elementos federalizantes como el establecimiento de un marco competencial claro, el blindaje autonómico de algunas materias, dar voz a las comunidades en los asuntos europeos y de política exterior o una reforma del Senado para que sea esta la cámara que se encargue de los asuntos relativos a las comunidades. En el mismo sentido se propone una reforma del poder Judicial para que las comunidades tengan poder de decisión sobre sus órganos.
Como viene ocurriendo en todas las propuestas y comunicaciones de Podemos, en el documento presentado este lunes la palabra “federal” no aparece. Sin embargo, las propuestas respecto al modelo territorial van en esta línea y algo más allá al introducir elementos de federalismo asimétrico. Entre estos, la propuesta de crear un “consejo de naciones y comunidades” que contempla al menos dos categorías territoriales, naciones y comunidades, o la capacidad de las naciones para establecer mecanismos de concertación y bilateralidad con el Estado.
Esta bilateralidad en las relaciones entre las comunidades y el Estado, aplicada a la financiación autonómica -que también proponen reformar-, abriría la puerta a pactos fiscales como el reclamado para Catalunya por Convergència en su etapa preindependentista. La propuesta también apuesta por permitir que las comunidades puedan estrechar sus relaciones bilaterales entre ellas, incluyendo la federación, algo hasta ahora prohibido expresamente en la Constitución.
Reconocimiento constitucional y Ministerio
Si bien el documento de Podemos y las confluencias empieza a despuntar en una dirección respecto al modelo territorial, aún le quedan muchos aspectos a desarrollar para convertirse en una propuesta de modelo de Estado. Pero quieren avanzar paso a paso, siendo el primero el reconocimiento constitucional. “Hasta ahora la descentralización se había llevado a cabo a golpe de la demanda de las naciones”, ha apuntado Xavier Domènech en la presentación del documento en Barcelona. Para el líder de En Comú, el Estado debe “reconocer la existencia de varias naciones” antes de cualquier debate sobre la estructura del Estado.
Según la confluencia catalana, este reconocimiento nacional en la Constitución desbloquearía el debate posterior sobre el modelo de Estado, que el Ministerio de la Plurinacionalidad debe servir para impulsar y encauzar. Precisamente este nuevo Ministerio es la apuesta de En Comú para gestionar uno de los objetivos más ambiciosos de su reforma territorial, el referéndum catalán. Según proponen, éste puede ampararse en el artículo 92 de la Constitución y según estiman podría llevarse a cabo en “aquellas naciones que lo hayan planteado con especial intensidad”.
Financiación y competencias
Uno de los aspectos que quedan menos claros en la propuesta de Podemos y la confluencias es la redefinición de los niveles competenciales de las comunidades. Por un lado, en la parte donde se explica el plan plurinacional aseguran querer ampliar las competencias de las comunidades y naciones, y hablan específicamente de evitar “el vaciado de competencias y las políticas de recentralización practicadas los últimos años por el Gobierno estatal”.
Pero por otro, algunas medidas propuestas en otros apartados podrían invadir competencias autonómicas actuales y tenderían hacia la recentralización, como son algunas de las contenidas en la llamada “Ley 25 de emergencia social”. Artículos de esta ley y otros introducidos en la propuesta para el PSOE impondrían a las comunidades nuevas obligaciones en materias como Sanidad, Educación, pobreza energética o desahucios y legislarían por encima de comunidades que ya han regulado estos aspectos.
La mejora de la financiación autonómica es una de las palancas con las que pretenden evitar la recentralización vivida en la última legislatura, llevada a cabo gracias a la falta de ingresos de las comunidades. El documento propone “un modelo de financiación que garantice la suficiencia del ámbito competencial a través de la recaudación de los tributos cedidos a las comunidades autónomas y la participación de los tributos del Estado”, y consagra para ello el principio de ordinalidad, introducido en el Estatut de Catalunya pero nunca cumplido por parte del Estado.
